Toda la "moderna" política social -y, más concretamente, el área de los servicios sociales-encuentra su legitimación convencional en la siguiente formulación: ante la evidencia de que en nuestras sociedades
existen grupos y capas sociales cuyas necesidades no son adecuadamente cubiertas por la propia dinámica social, se requiere una aportacion de recursos por parte de instituciones específicas (estatales o privadas).
Así, la función social de las mismas sería evidente por sí misma: ante unos problemas sociales se organizan unas respuestas que pretenden paliarlos o resolverlos.
Sin embargo, la necesidad social no es un hecho empírico que se imponga por sí mismo simplemente,
ya que siempre implica algún juicio de valor: existe necesidad (carencia de algo) solo con respecto a lo que se define como deseable (necesario).
A su vez, tales juicios no se formulan arbitrariamente por cada individuo, sino que suelen estar condicionados por intereses y estrategias de grupo o clase social.
Por tanto, el concepto mismo de necesidad social encierra ineludiblemente componentes problemáticos.
Estos elementos cobran aún mayor relevancia si el modelo social que los determina se caracteriza por el conflicto y la desigualdad social.
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